El negocio de las investigaciones medicinales III

Si ponemos en contexto la ley Bayh-Dole (1980), una ley que corresponde a la etapa más liberal –o dicho con más precisión: neoliberal− de los EEUU, durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), podríamos observar que en esa misma época se estaba presionando por la total desregulación de la economía. ¿Qué se entiende por desregular?:

Liberalización económica es un término de sentido muy amplio que por lo general hace referencia a un modelo económico que se distingue por contar con un número reducido de regulaciones y restricciones gubernamentales sobre la economía a cambio de una mayor participación de los actores económicos privados; la doctrina se encuentra relacionada con el liberalismo clásico. Por ello, la liberalización se refiere a la "eliminación de controles", bajo la oferta de promover el desarrollo económico.

A fines de los ’90 el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs^[1] (1954) afirmaba enfáticamente, como un epitafio a las políticas de la década de los ochenta:

La era del Reaganismo se ha acabado. La filosofía de la no-regulación e impuestos bajos ha roto la espina dorsal de nuestra economía.

Esa misma filosofía respecto del funcionamiento de la economía – los mercados – penetró en los ámbitos universitarios. Sobre eso se sostiene los fundamentos de la Bayh-Dole. El investigador Hinkes-Jones analiza esos argumentos: 

Los defensores de la ley Bayh-Dole sostuvieron que la perspectiva de ganar más dinero llevaría a la investigación científica en las universidades a realizar más descubrimientos y estimularía al sector privado a comercializar en mayor medida esos descubrimientos. No mucho tiempo después de su promulgación ya empezaron a notarse los efectos económicos: investigadores de la Universidad de Columbia solicitaron patentes relativas al proceso de co-transformación del ADN, las llamadas patentes Axel, que supondrían finalmente el ingreso de cientos de millones para la Universidad en concepto de cánones de licencia. La patente Cohen-Boyer sobre el ADN recombinante generaría unas ganancias de más de doscientos millones para la Universidad de Stanford. A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 1980 en el caso Diamond contra Chakrabarty, que autorizó las patentes sobre material biomédico, se desató el boom de la biotecnología. Las universidades se apresuraron a instalar laboratorios de investigación avanzados con vistas a obtener nuevos derechos de propiedad intelectual sobre programas informáticos de secuenciación del ADN que pudieran patentarse y venderse al público.

El lenguaje utilizado por nuestro investigador tiene el propósito de sacudir nuestra conciencia para que nos preguntemos: ¿Están hablando de investigaciones científicas o de inversiones financieras? La confusión ideológica que produce el cruce de lenguajes no es casual: intenta arrastrarnos hacia la utilización de una lógica de mercado: “ganar más dinero”, “comercializar en mayor medida esos descubrimientos”, “ingreso de cientos de millones para la Universidad”, “pudieran patentarse y venderse al público”, etc. Esta contaminación de lenguajes y cruces de lógicas diferentes como: “ganar dinero” vs “salud de la población” define con claridad el peso de la ideología neoliberal para pensar un tema tan delicado como la salud de “todos”.

Continúa Hinkes-Jones:

Antes, los descubrimientos científicos realizados por las universidades públicas solo podían cederse al  sector privado mediante licencias no exclusivas. Cualquier empresa privada podía desarrollar nuevos medicamentos y nuevas invenciones sobre la base de los resultados de investigaciones pioneras. Los defensores de la ley Bayh-Dole alegaron que este sistema desincentivaba la innovación, pues si una empresa no tenía la exclusiva sobre una invención, poco negocio iba a hacer desarrollándola. ¿Por qué molestarse en innovar si la competencia podía hacer lo mismo, en detrimento del margen de beneficio potencial? Las invenciones acabarían en la papelera. Sin embargo, lo que parece una simple minucia legal en materia de propiedad intelectual constituye un factor determinante del declive del sistema de investigación científica de las universidades.

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[1] Economista estadounidense, estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su Licenciatura, una Maestría y un  Doctorado. Fue luego Profesor de Harvard.

El negocio de las investigaciones medicinales II

El investigador Hinkes-Jones está mostrando que la mercantilización de la investigación científica, es decir convertir todo tipo de conocimiento científico que puede modificar, mejorar la posibilidad de sobrevivencia de la población en una mercancía más es un hecho comprobable. De modo tal que se comportará en el mercado de acuerdo a las reglas que imponen sus supuestas leyes –la oferta y la demanda−. Por tal razón, la posibilidad de su utilización por un paciente dependerá de los ingresos económicos de él. Leamos sus palabras:

Sin embargo, a pesar de la importancia del descubrimiento por su potencial para salvar vidas, el costo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 resulta prohibitivo. Con 4.000 dólares por prueba, es cuatro veces más caro que una secuenciación genética completa. El hecho de que el precio de una evaluación que puede prevenir una enfermedad mortal sea tan desorbitado se debe única y exclusivamente a la voluntad de una empresa, Myriad Genetics.

La utilización de la palabra empresa para referirse Myriad Genetics debe entenderse como un subrayado con el cual denuncia que el único y fundamental propósito de ella es ganar todo el dinero posible, sin importar que muchos queden excluidos de su posible utilización por no estar en condiciones de comprarlo:

Aunque el Tribunal Supremo de EE UU acaba de denegar la pretensión de Myriad de patentar los genes BRCA1 y BRCA2, declarando que los genes humanos no son patentables, Myriad sigue ejerciendo su monopolio sobre la prueba de susceptibilidad al cáncer de mama.

Debemos enfrentarnos ahora con dos conceptos que para sorpresa de aquel ciudadano ingenuo, del que hablé antes, pueden no comprenderse: el Tribunal Supremo de los EEUU y una empresa comercial. Dice el supuesto compartido por todo ciudadano medianamente informado que lo que dice la ley debe cumplirse, mucho más aún si ella es el resultado de la instancia superior de ese país, país que tiene fama de lo riguroso que es ante cualquier tipo de incumplimiento. Ese mismo supuesto nos hace pensar que una empresa comercial es una persona jurídica que no puede sustraerse a ningún tipo de fallo judicial. Pues bien la empresa sigue actuando como si ese fallo no se hubiera producido. Nuestro investigador agrega:

Lo peor de esta política de precios de Myriad es que gran parte de los costos de desarrollo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 ya han sido sufragados por el público. La investigación encaminada a identificar esos genes como desencadenantes de procesos cancerosos se financió con dinero público a través de la facultad de medicina de la Universidad de Utah. Myriad Genetics no es otra cosa que una empresa creada por científicos de la universidad con miras a apropiarse de la patente tras el descubrimiento de la prueba.

Este último paso de su investigación nos coloca ante una denuncia que debería ser un hecho inaceptable, algo impensable para el ámbito científico: el costo de toda la investigación ha sido financiado por el erario público, razón por la cual deberíamos suponer que no puede ser incluido dentro de los costos de producción del medicamento cuando éste se convierte en un bien comercial. ¿Cómo es posible que esto se haya hecho?:

Esto es posible al amparo de la ley Bayh-Dole. En 1980, cuando fue promulgada, esta ley pretendía impulsar la innovación en la investigación académica. Dando vía libre a las universidades a la explotación de sus descubrimientos científicos, el sistema universitario podría así recaudar más dinero para financiarse. Para remunerar su trabajo, los centros académicos de investigación científica podían a partir entonces de  vender sus patentes o conceder licencias exclusivas a la industria privada. Con el monopolio sobre la propiedad intelectual que le otorgaba la patente, el sector privado se vería incentivado para desarrollar rápidamente esas patentes y crear productos de consumo y servicios.

El negocio de las investigaciones medicinales I

 En la serie de notas publicadas anteriormente bajo el título “La guerra de los laboratorios en el mundo global”, fue apareciendo una cantidad de informaciones que el ciudadano de a pie pudo no haber encontrado antes en los medios concentrados –tanto nacionales como internacionales−. Preguntarse, es decir convertir en un interrogante aquello que aparece como una sencilla afirmación, es parte de un ejercicio pedagógico que ese ciudadano debería ir incorporando a su lectura habitual para indagar: qué no se dice detrás de lo que se dice. Si esto puede parecer sólo un ingenioso juego de palabras es porque este ciudadano lector, aun aquel entrenado en ese ejercicio diario de recepción informaciones por la prensa escrita, radial o televisiva, todavía no ha incorporado la sospecha sobre la veracidad de lo que recibe. Otra porción, no menos importante, de los ciudadanos de a pie ya han caído en el descreimiento respecto de la información pública por haber sido víctimas de un perverso juego informativo.

Sin embargo, tanto unos como otros, podrían decidir convertirse desde simples lectores, ingenuos o desconfiados de lo que les ofrecen, en una especie de investigadores que no se satisfacen con el servicio actual. Esta trasformación requiere, como señalé antes, comenzar a sospechar respecto de lo que el mundo de la información distribuye como la verdad de los hechos. A su vez, este paso supone aceptar que es una falacia la posible la objetividad de la información. Las carreras de Ciencias de la Comunicación de cualquiera de las universidades nacionales enseñan que la información es siempre el resultado de interpretaciones construidas a partir de una selección de los datos recogidos. Esto es necesariamente así, es parte de la condición humana interpretar la realidad a partir de una serie de condicionamientos sociales. Esta sencilla verdad debe ir acompañada, en este camino del ejercicio de la sospecha en un mundo mercantilizado, de grandes posibilidades de existencia de intereses particulares que condicionen esas interpretaciones.

Aparece entonces una primera explicación de los porqués se produce una falta de información de temas como el ya publicado en notas anteriores y sobre el cual avanzaremos ahora desde otra óptica. Ese  otro ángulo desde el cual investigar el multimillonario negocio de las medicinas es el que aparece como la costosa inversión necesaria en las investigaciones de los laboratorios. Para aportar una mirada seria sobre este tema voy a citar a un periodista prestigioso por su tarea en este tipo de negocios: Llewellyn Hinkes-Jones. Publicó tiempo atrás los resultados de sus investigaciones acerca de cómo hacen negocios los empresarios de los medicamentos. El artículo que llevó por título La investigación médica privada fomenta el fraude científico (7-7-14) fue corriendo telones que cubren habitualmente ese mundo protegido por el prestigio científico que ha ganado este tipo de informaciones.

Comienza diciendo que hay un entramado de relaciones entre lo científico y los manejos que la libertad de mercado ofrece a los negocios:

La política de investigación académica de mercado libre ha favorecido la proliferación de la  charlatanería médica y del fraude científico, obligando a los consumidores a pagar por descubrimientos que ya habían financiado como contribuyentes. El enfoque de la investigación médica que mantiene el sistema sanitario de EE UU, que persigue fines lucrativos, se fundamenta en la cruda verdad de que solamente el dinero puede prolongar la vida. Citemos por ejemplo el tipo de genes llamados “supresores tumorales”. Dada su capacidad de regular el crecimiento celular, los supresores tumorales se sitúan en la primera línea de la investigación para la prevención del cáncer. Un resultado positivo en la prueba de mutación de un gen supresor tumoral como BRCA1 o BRCA2 es una clara indicación del riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario.

La guerra de los laboratorios en el mundo global XI

 Se han tomado medidas y se han realizado investigaciones en este terreno (noviembre de 2009), pero no parece suficiente, según el Doctor Ávila Vázquez:

Se aprobó una ley que intenta regular la actividad, es un paso adelante pero insuficiente. Es preciso defender los derechos ciudadanos de los pacientes cuando la ciencia neoliberal los manipula con fines estrictamente comerciales. Con ese objetivo la UNESCO emitió la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en 2005, formulando lineamientos que promueven la defensa de los grupos vulnerables; propendiendo al beneficio de la comunidad que pone su cuerpo; protegiendo a las personas de los daños a su salud; justificando las investigaciones transnacionales solamente en la necesidad del país anfitrión; exigiendo la independencia de los comités de ética de evaluación, respecto de los laboratorios y comités locales, entre otros aspectos. El avance del conocimiento humano es importante para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, pero no su única condición. La Comisión de Determinantes Sociales de la OMS publicó que los avances en medicamentos y tecnología, entre 1991 y 2000, evitaron 176.633 muertes en EEUU, pero si la tasa de mortalidad en afro-americanos fuera igual a la de los blancos se hubieran evitado 886.202 muertes, demostrando que el problema no está en que nos falten conocimientos sino que las herramientas para cuidar y recuperar la salud no están al alcance de todos por la gran inequidad del sistema.

Desde 1970 en la India la producción de genéricos podía ser comercializada en otros países pobres que, como en ese país, cuentan con una proporción de gente muy vulnerable al SIDA, como es la mayoría de los países del África subsahariana. En estas zonas se puede calcular una población infectada que supera los cincuenta millones de personas. La falta de estos medicamentos antirretrovirales produce una mortandad de más de tres millones de personas por año. Dice la Dra. Teresa Forcades i Vila:

La industria farmacéutica india de genéricos ha sido hasta el momento fundamental para asegurar el acceso a los medicamentos a un porcentaje ínfimo pero creciente de la población de los países pobres. Especialmente el acceso a los medicamentos antirretrovirales necesarios para tratar la infección por HIV. Gracias a esta libre competencia que eliminaba el sistema de patentes, el precio del tratamiento se había reducido hasta el año 2004 de 1.500 a 150 dólares anuales por persona. Además, dado que no tenían que respetarse las patentes que obligaban a producir cada medicamento por separado, los laboratorios indios podían combinar los tratamientos múltiples en una sola pastilla.

Esta posibilidad de combinar tres principios activos en una única pastilla posibilitó una baja de los costos que abrió la posibilidad de acceso a millones de personas que, de otro modo, hubieran encontrado una muerte segura en el corto plazo. Al mismo tiempo esta industria ocupaba hasta 2003 a 500.000 personas en más de 20.000 empresas. Éstas mediante trabajos a terceros incorporaban otros 2,5 millones de puestos de trabajo. Pero este proceso de crecimiento industrial farmacéutico fue fuertemente presionado por los laboratorios internacionales. La Organización Mundial del Comercio (OMC) hizo sentir todo su peso. Como resultado de ello el gobierno de la India derogó la ley de 1970 y aceptó la imposición de las patentes de los grandes laboratorios. Lo cual produjo una decuplicación de los precios. A partir de 1995 la pequeña y mediana industria medicinal de la India soportó 8.926 demandas judiciales cuya consecuencia fue la pérdida de más de 7.000 patentes que ahora deberán afrontar el pago de los honorarios internacionales.

El laboratorio Pfizer, que ye hemos nombrado en estas notas, es hoy la mayor compañía farmacéutica, y uno de los conglomerados principales de los EEUU en el mundo. Su poder logró doblegar al gobierno francés ante la amenaza de retirarse de ese país si persistía con sus demandas contra este laboratorio.

La guerra de los laboratorios en el mundo global X

 Las cosas que han ido apareciendo en las notas anteriores nos coloca frente a un nuevo problema, otro más: el que generan las prácticas comerciales de las multinacionales. Son problemas que por momentos nos sorprenden porque nos cuesta aceptar que no existan impedimentos de ninguna especie en el ámbito empresarial de los grandes negocios. Muchas veces nos damos cuenta que nuestra ingenuidad, aun apelando a la imaginación, denuncia nuestra debilidad frente a la perversa creatividad de este tipo de empresas. Una película inglesa de hace un tiempo atrás, El jardinero fiel (2005), denuncia en su trama las prácticas que venimos leyendo basada en hechos reales que se produjeron en Kenia.

Asalta nuestra mente una vieja afirmación: «la realidad supera a la ficción» que encaja a la perfección en este caso. Parte de lo que denuncia el Dr. Ávila Vázquez aparece como una demostración de lo que la trama de la película cuenta. Actualizado hoy con la aparición pública del virus del Ébola que nos remite a la idea de que en África se puede hacer cualquier cosa, puesto que quienes saquean ese continente se preocupan muy poco por los efectos que traen apareados sus andanzas. Razón demás para hacernos cargo de la denuncia de este médico:

Los costos de las investigaciones son crecientes, los innumerables abusos cometidos contra los pacientes han ido generando mecanismos de protección del público en los países centrales y, como consecuencia de ello, se incrementa el desplazamiento de los ensayos hacia países de desarrollo bajo o intermedio, donde se puedan encontrar médicos bien formados que puedan cumplir con eficiencia los pasos instrumentales de los protocolos, sobre todo cuando llegan a percibir como pago hasta U$S 12.000 por cada paciente sometido a ensayos.

Una vez más el dinero sometiendo a la ética. Aguzando el oído se pude oír la voz de Discepolín advirtiéndonos: «No hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional», cuánto menos ante doce mil dólares. Todo ello nos va preparando para aceptar lo siguiente:

La Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos^[1] (2007) confirma que el número de ensayos clínicos está aumentando exponencialmente en nuestra región y que el incremento se debe entre otras causas a la facilidad de reclutar pacientes sobre todo entre los grupos más vulnerables, es decir entre los pobres. Los ensayos consisten, básicamente, en probar en un grupo de pacientes una nueva droga y compararla contra una ya conocida y de probados efectos o a veces contra placebo (nada); se busca mejorar los efectos terapéuticos y disminuir los tóxicos; la mayoría de los estudios tienen resultados negativos o no superiores a los preexistentes.

América Latina responde a las exigencias de los laboratorios: tenemos pobres, médicos muy bien formados y dispuestos a transgredir la ética profesional por dinero. Habiendo cubierto estas exigencias nos dice:

Actualmente entre nosotros se llevan adelante cientos de pruebas, sobre miles de pacientes, experimentando muy diversas drogas como antidepresivos, antiepilépticos, anticoagulantes, drogas neurológicas, inmunológicas, etc. (no hay para chagas ni dengue, porque no son redituables). Los efectos perjudiciales a corto y largo plazo son desconocidos y la prensa “científica” generalmente los esconde. Simultáneamente los costos de cuidado de esos pacientes siguen a cargo de la Salud Pública o de la obra social (si la tiene) del paciente reclutado para el ensayo.

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[1] La Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos (RELEM) se creó en Abril 2007 y se ha ido ampliando. Reúne a un grupo multidisciplinario de profesionales que trabajan por mejorar la disponibilidad y el uso de los medicamentos en América Latina desde la perspectiva de los derechos humanos y la ética. Entre los miembros de la red se encuentran profesionales de la salud (farmacéuticos, médicos, enfermeras), sociólogos, filósofos, especialistas en salud pública, abogados, promotores de desarrollo comunitario y miembros de la comunidad que participan en comités de bioética.