sábado, 14 de febrero de 2015

El negocio de las investigaciones medicinales IV



 El concepto de libertad ha sufrido varias mutaciones en sus interpretaciones. Una rápida recorrida por las propuestas de definición nos pondrá frente a un amplio cuadro dentro del cual se ha debatido en los últimos tres siglos. Por ejemplo, la Real Academia nos dice:
El liberalismo es una corriente filosófica, económica y política que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como la democracia representativa y la división de poderes.
En esta definición se puede percibir el resabio de las luchas contra los Estados despóticos, propios de las monarquías anteriores al siglo XVIII, de allí su énfasis en la dualidad despotismo vs. democracia representativa. En la siguiente  aparece un rasgo jurídico que resalta la libertad civil:
Se trata de un sistema filosófico y político que promueve las libertades civiles y que se opone al despotismo. La democracia representativa y los principios republicanos se basan en las doctrinas liberales.
Debemos tener en cuenta que al mencionar el liberalismo no debe pasar desapercibido que no es una corriente de pensamiento uniforme, que dentro de ella es posible distinguir distintos tipos de liberalismo. El liberalismo político es el que predominaba hasta principios del siglo XX época en la que comenzó a hablarse de liberalismo económico  hasta la crisis de 1929. Reapareció con fuerza en los comienzos de los setenta, etapa en la cual adquirió el prefijo neo intentando borrar la memoria de los terribles años treinta. Este neoliberalismo adquirió un poder global con la firma del Consenso de Washington a fines de los ochenta. Esta versión es la más difundida en las últimas décadas sobre todo por las grandes corporaciones y los grupos económicos más fuertes. Su ideario central sostiene limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales, promulgando la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones.

Esta introducción tiene por objeto comprender el marco ideológico imperante que da sustento a los debates que hemos venido analizando. La mención reciente de las grandes corporaciones debe permitirnos pensar en la actitud de los laboratorios como parte integrante y muy gravitante de este juego de guerra del capitalismo global actual. Además, la aparente solidez argumental que parece defender las posiciones de estas grandes empresas está sustentada en las doctrinas que se enseñan en gran parte de las universidades, por lo menos del mundo occidental.
El investigador Hinkes-Jones, al que vengo siguiendo en estas notas, no expresa taxativamente este entramado ideológico en el que se desarrollan todos estos debates, pero lo supone. Así se puede entender por qué defiende la no exclusividad de las licencias dado que abren las investigaciones a un número mayor de participantes lo cual democratiza el negocio, impidiendo la monopolización de las patentes:
La no exclusividad de las licencias públicas protegía de hecho a la investigación académica de caer en una “fiebre del oro” en busca de patentes. Al suprimir esta restricción, ha abierto las compuertas a una avalancha de capitales privados deseosos de hacerse con el monopolio sobre la investigación científica más avanzada. Ahora, entidades privadas ayudan a financiar los centros académicos a cambio de la prioridad en el proceso de “transferencia tecnológica”, es decir, de la cesión en exclusiva de los resultados de la investigación financiada con dinero público a empresas privadas. Los grandes conglomerados farmacéuticos, como Merck y GlaxoSmithKline, financian colaboraciones con universidades privadas y públicas en torno a proyectos de investigación sobre enfermedades actualmente incurables, con la condición expresa de que esas compañías puedan explotar cualquier descubrimiento futuro al amparo de una licencia exclusiva. Dichos descubrimientos, tengan que ver o no con la finalidad original del proyecto,  se convierten entonces en productos farmacéuticos de marca que se venden a precios desorbitados.

domingo, 8 de febrero de 2015

El negocio de las investigaciones medicinales III



Si ponemos en contexto la ley Bayh-Dole (1980), una ley que corresponde a la etapa más liberal –o dicho con más precisión: neoliberal− de los EEUU, durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), podríamos observar que en esa misma época se estaba presionando por la total desregulación de la economía. ¿Qué se entiende por desregular?:
Liberalización económica es un término de sentido muy amplio que por lo general hace referencia a un modelo económico que se distingue por contar con un número reducido de regulaciones y restricciones gubernamentales sobre la economía a cambio de una mayor participación de los actores económicos privados; la doctrina se encuentra relacionada con el liberalismo clásico. Por ello, la liberalización se refiere a la "eliminación de controles", bajo la oferta de promover el desarrollo económico.
A fines de los ’90 el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs[1] (1954) afirmaba enfáticamente, como un epitafio a las políticas de la década de los ochenta:
La era del Reaganismo se ha acabado. La filosofía de la no-regulación e impuestos bajos ha roto la espina dorsal de nuestra economía.
Esa misma filosofía respecto del funcionamiento de la economía – los mercados – penetró en los ámbitos universitarios. Sobre eso se sostiene los fundamentos de la Bayh-Dole. El investigador Hinkes-Jones analiza esos argumentos: 
Los defensores de la ley Bayh-Dole sostuvieron que la perspectiva de ganar más dinero llevaría a la investigación científica en las universidades a realizar más descubrimientos y estimularía al sector privado a comercializar en mayor medida esos descubrimientos. No mucho tiempo después de su promulgación ya empezaron a notarse los efectos económicos: investigadores de la Universidad de Columbia solicitaron patentes relativas al proceso de co-transformación del ADN, las llamadas patentes Axel, que supondrían finalmente el ingreso de cientos de millones para la Universidad en concepto de cánones de licencia. La patente Cohen-Boyer sobre el ADN recombinante generaría unas ganancias de más de doscientos millones para la Universidad de Stanford. A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 1980 en el caso Diamond contra Chakrabarty, que autorizó las patentes sobre material biomédico, se desató el boom de la biotecnología. Las universidades se apresuraron a instalar laboratorios de investigación avanzados con vistas a obtener nuevos derechos de propiedad intelectual sobre programas informáticos de secuenciación del ADN que pudieran patentarse y venderse al público.
El lenguaje utilizado por nuestro investigador tiene el propósito de sacudir nuestra conciencia para que nos preguntemos: ¿Están hablando de investigaciones científicas o de inversiones financieras? La confusión ideológica que produce el cruce de lenguajes no es casual: intenta arrastrarnos hacia la utilización de una lógica de mercado: “ganar más dinero”, “comercializar en mayor medida esos descubrimientos”,ingreso de cientos de millones para la Universidad”, “pudieran patentarse y venderse al público”, etc. Esta contaminación de lenguajes y cruces de lógicas diferentes como: “ganar dinero” vs “salud de la población” define con claridad el peso de la ideología neoliberal para pensar un tema tan delicado como la salud de “todos”.
Continúa Hinkes-Jones:
Antes, los descubrimientos científicos realizados por las universidades públicas solo podían cederse al  sector privado mediante licencias no exclusivas. Cualquier empresa privada podía desarrollar nuevos medicamentos y nuevas invenciones sobre la base de los resultados de investigaciones pioneras. Los defensores de la ley Bayh-Dole alegaron que este sistema desincentivaba la innovación, pues si una empresa no tenía la exclusiva sobre una invención, poco negocio iba a hacer desarrollándola. ¿Por qué molestarse en innovar si la competencia podía hacer lo mismo, en detrimento del margen de beneficio potencial? Las invenciones acabarían en la papelera. Sin embargo, lo que parece una simple minucia legal en materia de propiedad intelectual constituye un factor determinante del declive del sistema de investigación científica de las universidades.



[1] Economista estadounidense, estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su Licenciatura, una Maestría y un  Doctorado. Fue luego Profesor de Harvard.

domingo, 1 de febrero de 2015

El negocio de las investigaciones medicinales II



El investigador Hinkes-Jones está mostrando que la mercantilización de la investigación científica, es decir convertir todo tipo de conocimiento científico que puede modificar, mejorar la posibilidad de sobrevivencia de la población en una mercancía más es un hecho comprobable. De modo tal que se comportará en el mercado de acuerdo a las reglas que imponen sus supuestas leyes –la oferta y la demanda−. Por tal razón, la posibilidad de su utilización por un paciente dependerá de los ingresos económicos de él. Leamos sus palabras:
Sin embargo, a pesar de la importancia del descubrimiento por su potencial para salvar vidas, el costo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 resulta prohibitivo. Con 4.000 dólares por prueba, es cuatro veces más caro que una secuenciación genética completa. El hecho de que el precio de una evaluación que puede prevenir una enfermedad mortal sea tan desorbitado se debe única y exclusivamente a la voluntad de una empresa, Myriad Genetics.
La utilización de la palabra empresa para referirse Myriad Genetics debe entenderse como un subrayado con el cual denuncia que el único y fundamental propósito de ella es ganar todo el dinero posible, sin importar que muchos queden excluidos de su posible utilización por no estar en condiciones de comprarlo:
Aunque el Tribunal Supremo de EE UU acaba de denegar la pretensión de Myriad de patentar los genes BRCA1 y BRCA2, declarando que los genes humanos no son patentables, Myriad sigue ejerciendo su monopolio sobre la prueba de susceptibilidad al cáncer de mama.
Debemos enfrentarnos ahora con dos conceptos que para sorpresa de aquel ciudadano ingenuo, del que hablé antes, pueden no comprenderse: el Tribunal Supremo de los EEUU y una empresa comercial. Dice el supuesto compartido por todo ciudadano medianamente informado que lo que dice la ley debe cumplirse, mucho más aún si ella es el resultado de la instancia superior de ese país, país que tiene fama de lo riguroso que es ante cualquier tipo de incumplimiento. Ese mismo supuesto nos hace pensar que una empresa comercial es una persona jurídica que no puede sustraerse a ningún tipo de fallo judicial. Pues bien la empresa sigue actuando como si ese fallo no se hubiera producido. Nuestro investigador agrega:
Lo peor de esta política de precios de Myriad es que gran parte de los costos de desarrollo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 ya han sido sufragados por el público. La investigación encaminada a identificar esos genes como desencadenantes de procesos cancerosos se financió con dinero público a través de la facultad de medicina de la Universidad de Utah. Myriad Genetics no es otra cosa que una empresa creada por científicos de la universidad con miras a apropiarse de la patente tras el descubrimiento de la prueba.
Este último paso de su investigación nos coloca ante una denuncia que debería ser un hecho inaceptable, algo impensable para el ámbito científico: el costo de toda la investigación ha sido financiado por el erario público, razón por la cual deberíamos suponer que no puede ser incluido dentro de los costos de producción del medicamento cuando éste se convierte en un bien comercial. ¿Cómo es posible que esto se haya hecho?:
Esto es posible al amparo de la ley Bayh-Dole. En 1980, cuando fue promulgada, esta ley pretendía impulsar la innovación en la investigación académica. Dando vía libre a las universidades a la explotación de sus descubrimientos científicos, el sistema universitario podría así recaudar más dinero para financiarse. Para remunerar su trabajo, los centros académicos de investigación científica podían a partir entonces de  vender sus patentes o conceder licencias exclusivas a la industria privada. Con el monopolio sobre la propiedad intelectual que le otorgaba la patente, el sector privado se vería incentivado para desarrollar rápidamente esas patentes y crear productos de consumo y servicios.