domingo, 8 de febrero de 2015

El negocio de las investigaciones medicinales III



Si ponemos en contexto la ley Bayh-Dole (1980), una ley que corresponde a la etapa más liberal –o dicho con más precisión: neoliberal− de los EEUU, durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), podríamos observar que en esa misma época se estaba presionando por la total desregulación de la economía. ¿Qué se entiende por desregular?:
Liberalización económica es un término de sentido muy amplio que por lo general hace referencia a un modelo económico que se distingue por contar con un número reducido de regulaciones y restricciones gubernamentales sobre la economía a cambio de una mayor participación de los actores económicos privados; la doctrina se encuentra relacionada con el liberalismo clásico. Por ello, la liberalización se refiere a la "eliminación de controles", bajo la oferta de promover el desarrollo económico.
A fines de los ’90 el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs[1] (1954) afirmaba enfáticamente, como un epitafio a las políticas de la década de los ochenta:
La era del Reaganismo se ha acabado. La filosofía de la no-regulación e impuestos bajos ha roto la espina dorsal de nuestra economía.
Esa misma filosofía respecto del funcionamiento de la economía – los mercados – penetró en los ámbitos universitarios. Sobre eso se sostiene los fundamentos de la Bayh-Dole. El investigador Hinkes-Jones analiza esos argumentos: 
Los defensores de la ley Bayh-Dole sostuvieron que la perspectiva de ganar más dinero llevaría a la investigación científica en las universidades a realizar más descubrimientos y estimularía al sector privado a comercializar en mayor medida esos descubrimientos. No mucho tiempo después de su promulgación ya empezaron a notarse los efectos económicos: investigadores de la Universidad de Columbia solicitaron patentes relativas al proceso de co-transformación del ADN, las llamadas patentes Axel, que supondrían finalmente el ingreso de cientos de millones para la Universidad en concepto de cánones de licencia. La patente Cohen-Boyer sobre el ADN recombinante generaría unas ganancias de más de doscientos millones para la Universidad de Stanford. A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 1980 en el caso Diamond contra Chakrabarty, que autorizó las patentes sobre material biomédico, se desató el boom de la biotecnología. Las universidades se apresuraron a instalar laboratorios de investigación avanzados con vistas a obtener nuevos derechos de propiedad intelectual sobre programas informáticos de secuenciación del ADN que pudieran patentarse y venderse al público.
El lenguaje utilizado por nuestro investigador tiene el propósito de sacudir nuestra conciencia para que nos preguntemos: ¿Están hablando de investigaciones científicas o de inversiones financieras? La confusión ideológica que produce el cruce de lenguajes no es casual: intenta arrastrarnos hacia la utilización de una lógica de mercado: “ganar más dinero”, “comercializar en mayor medida esos descubrimientos”,ingreso de cientos de millones para la Universidad”, “pudieran patentarse y venderse al público”, etc. Esta contaminación de lenguajes y cruces de lógicas diferentes como: “ganar dinero” vs “salud de la población” define con claridad el peso de la ideología neoliberal para pensar un tema tan delicado como la salud de “todos”.
Continúa Hinkes-Jones:
Antes, los descubrimientos científicos realizados por las universidades públicas solo podían cederse al  sector privado mediante licencias no exclusivas. Cualquier empresa privada podía desarrollar nuevos medicamentos y nuevas invenciones sobre la base de los resultados de investigaciones pioneras. Los defensores de la ley Bayh-Dole alegaron que este sistema desincentivaba la innovación, pues si una empresa no tenía la exclusiva sobre una invención, poco negocio iba a hacer desarrollándola. ¿Por qué molestarse en innovar si la competencia podía hacer lo mismo, en detrimento del margen de beneficio potencial? Las invenciones acabarían en la papelera. Sin embargo, lo que parece una simple minucia legal en materia de propiedad intelectual constituye un factor determinante del declive del sistema de investigación científica de las universidades.



[1] Economista estadounidense, estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su Licenciatura, una Maestría y un  Doctorado. Fue luego Profesor de Harvard.