domingo, 30 de octubre de 2011

La violación de la libertad en nombre de la democracia

He propuesto, como tema de esta serie de notas, un análisis del tema de la libertad, para lo cual nos hemos remontado, en la búsqueda de la palabra de sus teóricos más importantes, hasta la Inglaterra del siglo XVIII. Hemos contrapuesto las consideraciones teóricas —muy importantes por ser fundantes del Derecho, hasta el presente— con la historia de sus aplicaciones prácticas, sobre todo en el escenario internacional, sin dejar de lado el nacional, en el que, desde el comienzo, aparecen contradictoriamente respecto de sus planes imperiales. Ahora sólo quiero agregar algunas de las violaciones flagrantes que señalan la poca estima que demuestran cuando la ley se interpone en el reaseguro de sus intereses, sobre todo en los Estados Unidos.
En las últimas notas me he apoyado en las opiniones del Dr. Paul Craig Roberts por ser un miembro destacado de la derecha republicana, razón por la cual habla desde el riñón mismo del establishment de ese país. Encuentro allí un fundamento de mayor peso en cuanto sus críticas parecen intentar el rescate de los valores republicanos, en una etapa en que es mucho más lo que se vocifera que lo que se los respeta. Veamos sus palabras: «El régimen de Obama, como el de Bush/Cheney, es un régimen que no quiere ser limitado por la ley. Y tampoco lo querrá su sucesor. Los que luchan por defender el vigor de la ley, el mayor logro de la humanidad, se verán asimilados a los oponentes del régimen y tratados como tales. Este gran peligro que se cierne sobre EE.UU. no es reconocido por la mayoría de la gente. Cuando Obama anunció ante una reunión militar su éxito en el asesinato de un ciudadano estadounidense, hubo vítores. El régimen de Obama y los medios presentaron el evento como una repetición del (supuesto) asesinato de Osama bin Laden. Dos “enemigos del pueblo” han sido triunfalmente liquidados. Que el presidente de EE.UU. haya proclamado orgullosamente ante una audiencia entusiasta, que había jurado defender la Constitución, que es un asesino y que también había asesinado la Constitución de EE.UU. es evidencia extraordinaria de que los estadounidenses son incapaces de reconocer la amenaza para su libertad».
Agrega el siguiente comentario, muy útil para nuestra comprensión de este fenómeno político, ante la necesidad de comprender cuál es el estado del derecho en el capitalismo que hoy se practica: «Emocionalmente, la gente ha aceptado los nuevos poderes del presidente. Si el presidente puede hacer que se asesine a ciudadanos estadounidenses, no es tan terrible que se les torture. Amnistía Internacional ha publicado un alerta de que el Senado de EE.UU. se prepara a aprobar legislación que mantendría abierta indefinidamente la Prisión de Guantánamo y que el senador Kelly Ayotte (republicano de Nueva Hampshire) podría introducir una provisión que legalizaría “técnicas realzadas de interrogatorio”, un eufemismo para tortura. En lugar de ver el peligro, la mayoría de los estadounidenses solo concluirá que el gobierno se está poniendo duro contra los terroristas, y eso recibirá su aprobación».
Es notable que, a pesar de que los estadounidenses tienen «evidencia abrumadora de las noticias y de vídeos en YouTube sobre el abuso brutal de la policía contra mujeres, niños y ancianos, del trato brutal y asesinato de prisioneros no solo en Abu Ghraib, Guantánamo, y las prisiones secretas de la CIA en el extranjero, sino también en prisiones estatales y federales en EE.UU. El poder sobre los indefensos atrae a gente de una inclinación brutal y maligna». Se puede advertir en estas palabras una sugerencia sobre alguna limitación de la democracia cuando la opinión pública es siendo condicionada por los grandes medios de comunicación.
Y un último señalamiento acerca de la ideología de las fuerzas represoras —que habla también de cómo se los prepara—: «Una inclinación brutal infecta ahora a los militares de EE.UU. El vídeo filtrado de soldados estadounidenses que se deleitan, como revelan sus palabras y acciones, al asesinar desde el aire a civiles y a camarógrafos de los servicios noticiosos que caminan inocentemente por la calle de una ciudad muestra a soldados y oficiales carentes de humanidad y disciplina militar. Excitados por la emoción del asesinato, nuestros soldados repitieron su crimen cuando un padre y dos pequeños se detuvieron para ayudar a los heridos, y fueron ametrallados».
Quiero suponer que John Locke no habrá llegado hasta este punto, pero las conductas de los colonos ingleses en tierras americanas y en la India mostraron la distancia que hubo desde el comienzo entre lo que se escribe y lo que se hace. No debemos olvidarlo.

miércoles, 26 de octubre de 2011

El final de la parábola de la libertad del liberalismo

Para profundizar en el análisis de las violaciones a la ley, que incluyen violaciones a la Constitución de los Estados Unidos por parte del Poder Ejecutivo, sigamos la descripción del Dr. Paul Craig Roberts cuando compara lo relatado en notas anteriores con acontecimientos pasados, ante los que la Justicia se comportaba de otro modo. Recuerda represiones internas como: «Los Guardias Nacionales de Ohio que mataron a tiros a estudiantes de la Kent State University, una de las universidades de primera línea de ese estado, cuando manifestaban contra la invasión a Camboya en 1970, no afirmaron que actuaban por una decisión del Poder Ejecutivo. Ocho de los guardias fueron encausados por un jurado de acusación. Los guardias argumentaron defensa propia. La mayoría de los estadounidenses estaban enfadados contra los que protestaban contra la guerra y culparon a los estudiantes. El aparato judicial captó el mensaje y finalmente el caso criminal fue desestimado». Es llamativo que argumente que la decisión de la Justicia haya estado sometida a la presión de la opinión pública, lo que no habla bien de la independencia de los poderes.
Lo que le interesa subrayar a Roberts es lo siguiente: «El caso civil (muerte y herida por negligencia de otro) fue cerrado por 675.000 dólares y una declaración en la que se expresaba una lamentación por la conducta de los acusados. El punto no es que el gobierno haya matado gente. El punto es que nunca antes del presidente Obama, ha habido un presidente que reivindicara el poder de asesinar ciudadanos». Repensemos esto. El peso de sus argumentos no se apoya en que el Estado haya matado ciudadanos estadounidenses, aunque no afirme que esto sea aceptable, sino en que es la primera vez, según él, en que un presidente, sobre todo uno que pertenece al Partido Demócrata, haya justificado un hecho de esta naturaleza. Agrego yo: uno que fue galardonado con el Premio Nobel y del que “se esperaba algo muy diferente”.
Tal vez las palabras siguientes que emplea pueden sonar muy duras, pero merecen ser leídas, puesto que lo que está en juego es la práctica de la democracia, el ejercicio de la libertad individual, de parte de una potencia mundial que fundamenta su política exterior en llevar “su modelo de democracia” a aquellos países de la periferia en los que, a su criterio, no se practica o no es respetada. «Durante los últimos 20 años, EE.UU. ha tenido su propia transformación al estilo del régimen nazi». Cita un libro de Terry Eastland, un asesor del gobierno de Reagan: Energy in the Executive: The Case for the Strong Presidency [Energía en el Ejecutivo: el caso a favor de una presidencia fuerte], en el que presentó ideas coincidentes con «una organización de abogados republicanos que trabaja para reducir restricciones legislativas y judiciales del poder ejecutivo. So pretexto de emergencias de tiempos de guerra (la guerra contra el terror)».
Siguiendo esa tesis política, propone un fortalecimiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo para que pueda tener un margen de maniobra mucho más amplio. El régimen Bush/Cheney empleó esos argumentos para liberar al Ejecutivo de responsabilidad ante la ley y para restringir libertades civiles a los estadounidenses. La guerra y la seguridad nacional suministraron la justificación de la apertura para los nuevos poderes reivindicados, sostenida por una mezcla de temor y deseo de venganza por el 11-S, lo cual condujo al Congreso, al sistema judicial y a la gente a aceptar los peligrosos precedentes.
La doctrina comenzada a implementar sostenía: «dirigentes civiles y militares nos han estado diciendo, durante años, que la guerra contra el terror es un proyecto de 30 años de duración». Después de ese período, «la presidencia habrá completado su transformación a en dirección a alguna forma muy parecida a un tipo de dictadura, y no habrá vuelta atrás». De esto se trata el tan mencionado “Proyecto para un nuevo siglo estadounidense”, dentro del cual la guerra contra el terror es solo una apertura para la ambición imperial neoconservadora de establecer la hegemonía de los Estados Unidos sobre el mundo.
La conclusión de Roberts es contundente: «Como las guerras de agresión o la ambición imperial son crímenes de guerra según el derecho internacional, semejantes guerras requieren doctrinas que eleven al líder por sobre la ley y las Convenciones de Ginebra, tal como Bush fue elevado por su Departamento de Justicia (sic) con mínima interferencia judicial y legislativa. Acciones ilegales e inconstitucionales también requieren el silenciamiento de los críticos y el castigo de los que revelan crímenes gubernamentales».
Creo que estamos en mejores condiciones de comprender la derivación de la doctrina de la libertad en manos de los liberales del Norte.

domingo, 23 de octubre de 2011

La ley sometida por el poder

Las afirmaciones del Dr. Paul Craig Roberts nos resultan muy útiles para reafirmar nuestras reflexiones sobre la libertad y su existencia real en nuestra época. Sin embargo, no creo que nos asombren demasiado después de haber leído las acrobacias jurídicas del padre del liberalismo, John Locke, para hacerle decir a la ley lo que debe cumplirse y lo que puede soslayarse, según sea el caso. Dejando de lado la honestidad y sinceridad de un hombre de la política del País del Norte —que no juzgo en ningún sentido, y no ignoro que sus dichos puedan ser parte de la campaña del año 2012, pero que hay que destacar que no ahorró críticas al gobierno republicano de Bush— el análisis que presenta está avalado por informaciones públicas recientes sobre hechos que no pueden ser enmarcados en la legalidad, cuyo violador es el mismísimo presidente de ese país. Sigamos:
«El 30 de septiembre Obama utilizó ese nuevo poder hecho valer por el presidente e hizo asesinar a dos ciudadanos estadounidenses, Anwar Awlaki y Samir Khan. Khan era un personaje excéntrico sobre el que nada hacía pensar que fuera una amenaza seria. Awlaki era un clérigo musulmán estadounidense moderado quien sirvió de asesor al gobierno de EE.UU. después del 11-S sobre maneras de contrarrestar el extremismo musulmán. Awlaki se vio gradualmente empujado a su radicalización por el uso constante de mentiras de parte de Washington para justificar ataques militares contra países musulmanes. Se convirtió en crítico del gobierno de EE.UU. y dijo a los musulmanes que no tenían que aceptar pasivamente la agresión estadounidense y que tenían derecho a resistir y defenderse. Como resultado Awlaki fue satanizado y fue convertido en una amenaza. Solo sabemos que Awlaki pronunció sermones críticos de los ataques indiscriminados de Washington contra pueblos musulmanes. El argumento de Washington es que sus sermones pueden haber influenciado a algunos que son acusados de intentar actos terroristas, responsabilizando por lo tanto a Awlaki por los intentos». Debemos concederle que su argumento es contundente respecto de la liviandad con que se ha pretendido justificar dos ejecuciones, entre otras tantas.
Aunque el Presidente se haya visto presionado por su oposición a tomar tales determinaciones, esto no le quita gravedad a su orden de ejecutarlos. «La aseveración de Obama de que Awlaki era algún tipo de agente de al Qaida de alto nivel es solo una conjetura. El periodista Jason Ditz concluyó que el motivo para asesinar Awlaki en lugar de procesarlo es que el gobierno de EE.UU. no poseía evidencia real de que Awlaki fuera agente de al Qaida. Pero lo que hizo o podría haber hecho Awlaki es irrelevante. La Constitución de EE.UU. requiere que incluso el peor asesino no puede ser castigado hasta que sea condenado por un tribunal. Cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó ante un tribunal federal la aseveración de Obama, de que tenía el poder de ordenar ejecuciones de ciudadanos estadounidenses, nada menos que el Departamento de Justicia argumentó que esa decisión correspondía a prerrogativas del poder ejecutivo por lo que estaba fuera del alcance del aparato judicial» (subrayados RVL).
Esto le permite sostener al Dr. Roberts que esa ejecución es «una decisión que selló la suerte de EE.UU.». Las violaciones a la ley cometidas por el presidente «fueron avaladas por un juez del tribunal federal de distrito, John Bates, que ignoró el requerimiento de la Constitución de que ninguna persona será privada de la vida sin debido proceso y descartó el caso, diciendo que el Congreso debía decidir». Ante esta declaración, el Presidente Obama actuó sin esperar una apelación, y se valió, por lo tanto, de la autorización del juez Bates «para establecer el poder y fomentar la transformación del presidente en un César, que ya había comenzado bajo George W. Bush».
Los abogados Glenn Greenwald y Jonathan Turley señalan que el asesinato de Awlaki terminó con «la restricción de la Constitución del poder del gobierno». Por lo tanto, agrega Roberts: «Ahora el gobierno de EE.UU. no solo puede tomar a un ciudadano de EE.UU. y confinarlo en una prisión por el resto de su vida sin jamás presentar evidencia y obtener una condena, sino también lo puede matar a tiros en la calle o hacerlo volar por un drone [avión no tripulado, manejado a distancia]». Es evidente que el 11/9 ha sido una bisagra en la historia de la aplicación del Derecho y en el respeto a la Constitución, tanto mayor en cuanto se trata de territorios del “Eje del Mal”, en los cuales la justificación adquiere mayor peso. La prisión de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo está llena de casos como esos.

miércoles, 19 de octubre de 2011

La ley y el poder real

En el camino que hemos recorrido, pasamos por diversas etapas en las cuales pudimos revisar y analizar aspectos convergentes sobre el tema propuesto para esta serie de notas: la libertad. Presento ahora, para que nos detengamos, unos comentarios respecto a cómo se vive cotidianamente esa libertad en el país autotitulado el “padre de la democracia” —cuando, en realidad, sólo ha sido la primera experiencia de una república constitucional—, tal como se puede encontrar en los debates de los “Padres Fundadores” del siglo XVIII. Aunque la diferencia pueda parecer una exquisitez académica, vale la pena tenerla presente.
Los Estados Unidos han aportado al debate, en el que nos encontramos en este trabajo, muy interesantes argumentos muchas veces, de valor sólo local, ya que en las actitudes asumidas en el campo internacional esto no se ha visto plasmado.
Recurro a un testigo declarante [“persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo”, DRAE] un tanto sorprendente, que ofrece un valor adicional a lo sostenido por su trayectoria profesional: el Dr. Paul Craig Roberts. Leamos un síntesis de su currículo para apreciar una mejor imagen de quién se trata: Secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, nombrado por el presidente Reagan; editor asociado y columnista en el Wall Street Journal; Asesor del Comité Económico Conjunto del Congreso, y Economista Jefe del Comité Presupuestario del Congreso, en representación del Partido Republicano; profesor de Economía en seis universidades, autor de numerosos libros y contribuciones académicas. Ha testificado ante comités del Congreso en treinta ocasiones. Equivale a decir una persona ligada al poder de la derecha estadounidense.
En los primeros días de octubre de 2011, en una nota aparecida en varias publicaciones internacionales, titulada “El día que murió EE.UU: El único futuro para los estadounidenses es una pesadilla”, hace un análisis de algunos aspectos políticos y jurídicos de su país como consecuencia de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en las últimas décadas. Comienza afirmando: «Algunos hemos previsto la llegada de este día y hemos advertido contra su arribo, solo para ser recibidos con abucheos y silbidos de “patriotas” que han llegado a ver la Constitución de EE.UU. como un artefacto que mima a criminales y terroristas y entorpece al presidente que tiene que actuar para protegernos». Expresa la convicción de un liberal que no puede callar ante violaciones flagrantes de la Constitución, en un país que ha hecho alarde del respeto a la ley como fundamento de la libertad de “todos los ciudadanos”.
Cita a continuación un libro suyo: «En nuestro libro The Tyranny of Good Intentions [La tiranía de las buenas intenciones] Lawrence Stratton y yo mostramos que mucho antes del 11-S el derecho en EE.UU. había dejado de ser un escudo del pueblo y se convirtió en un arma en manos del gobierno. El evento conocido como 11-S fue utilizado para colocar al poder ejecutivo por sobre la ley. A condición de que el presidente apruebe un acto ilegal, los empleados del poder ejecutivo ya no tienen que rendir cuentas ante la ley que lo prohíbe. Por la autoridad del presidente, el poder ejecutivo puede violar leyes de EE.UU., sin mandato judicial y sin sufrir las consecuencias, contra el espionaje de estadounidenses, detención indefinida y tortura». Esta constituye una acusación gravísima en cualquier país que se considere democrático y con mayor razón entre quienes se presentan como paladines de las libertades individuales.
Con una actitud muy crítica, dice: «Muchos esperaban que el presidente Obama restableciera la responsabilidad del gobierno ante la ley. En su lugar, fue más lejos que Bush/Cheney e impuso el poder inconstitucional no solo para mantener a ciudadanos estadounidenses en prisión sin presentar cargos, sino también para matarlos sin que sean condenados por un tribunal. Obama afirma que a pesar de la Constitución de EE.UU. tiene autoridad para asesinar ciudadanos estadounidenses, sin el proceso debido, de quienes piensa que constituyen una “amenaza”. En otras palabras, cualquier ciudadano estadounidense, que es catalogado como amenaza, carece de derechos y puede ser ejecutado sin juicio o evidencia» (subrayados RVL).
La lectura de las afirmaciones del Dr. Roberts nos permite revisar críticamente la conducta de las instituciones de una república en el mundo actual, y comprobar las distancias que se observan entre las declaraciones jurídicas y las prácticas sociales, económicas y políticas.

domingo, 16 de octubre de 2011

La guerra como instrumento de los derechos humanos

Si el tema que nos ha convocado es la reflexión sobre el tema de la libertad, no hemos podido evitar la investigación sobre los orígenes de este modo de entenderla que nos ha propuesto el liberalismo clásico, de los siglos XVI y XVII, para hurgar en esas raíces todos los significados que contenía que, con el correr de la historia se pusieron de manifiesto, y que hoy lo estamos padeciendo. Ese retorno al pasado nos permitió encontrar allí una duplicidad, como hemos visto, de una libertad pensada sólo para cierta clase de personas y que, como consecuencia, excluía explícitamente al resto de los pueblos de la periferia. Se puede encontrar en un hecho que demostró la vigencia de esa misma duplicidad en la guerra de Kosovo y Serbia (1999) en la que la OTAN participó para restablecer la vigencia de la libertad y los derechos humanos. Sus resultados calamitosos, todo un país fue destruido.
Hinkelammert dice: «La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) puso en marcha una gran fábrica de muerte, que llevó a cabo una acción de aniquilamiento. No había defensas posibles y la OTAN no tuvo muertes; todos los muertos fueron kosovares y serbios, y la mayoría de ellos civiles. Los pilotos actuaron como verdugos que ejecutan culpables, que no tenían defensa. Cuando volvían, decían que habían hecho un “buen trabajo”, era el “buen trabajo” del verdugo. La OTAN se jacta de producido un mínimo de muertos. Lo que se destruyó fue la base real de la vida de la población. Se destruyeron la infraestructura económica con todas las fábricas importantes, las comunicaciones con todos los puentes significativos, la infraestructura de electricidad y de agua potable, escuelas, hospitales y muchas viviendas. Todo ello son objetivos civiles, que en jerga militar implican daños colaterales al poder militar». La descripción es terrible y se produjo en el corazón de Europa, no en África o Asia donde se ha podido hablar del “salvajismo de los enemigos”.
La OTAN no asumió ninguna responsabilidad por sus actos. El presidente de entonces de los Estados Unidos, Bill Clinton, declaró: «La responsabilidad por el aniquilamiento de Serbia es de los propios serbios, por la violaciones de los derechos humanos que ellos cometieron en Kosovo». Las violaciones que se mostraban, como justificación de la guerra desatada, constituyeron el argumento con el cual «se sentían con el derecho, y hasta la obligación moral, que les impuso esa participación». De allí que la explicaciones posteriores hablaron de la “intervención humanitaria”. El argumento no dicho, pero que se desprende de lo que se mostró, es que la violación de los derechos humanos para evitar las violaciones a los derechos humanos quedan justificadas de hecho y jurídicamente. Los ecos de los argumentos de Locke quedan a la vista. Así como el “agresor” de la “sociedad natural” impedía que el conquistador se apropiara de sus tierras, éste se veía obligado a emprender una “guerra justa” para contrarrestar la “guerra injusta”. Es éste, el que agrede “injustamente” el culpable de las acciones que se desatan y de las víctimas que resultan de ello.
Como ya quedó dicho, todas las guerras “justas” que se emprendieron desde principios de los noventa en el Medio Oriente, Guerra del Golfo (1990-91), Invasión a Afganistán (2001 hasta hoy) Invasión a Irak (2003-hasta hoy) se han presentado bajo las mismas explicaciones. Ello exige disponer de un aparato publicitario que convenza a la población de Occidente de la “justicia” de estas acciones. Las dos armas indispensables para estas guerras de “liberación” que posibilitarán la “democratización” de esos pueblos actúan coordinadamente: El poder militar y el poder de los medios. La propaganda nos va explicar la necesidad de violar los derechos humanos de esas poblaciones, aunque esto no sea expresado en esos términos, para ofrecerle el disfrute posterior de esos derechos. Un juego de palabras perverso.
Hinkelammert cierra sus reflexiones con estas palabras: «Todo lo que se le antoje al poderoso lo puede hacer, y todo eso será imposición legítima de los derechos humanos». Esos países que llevaron la destrucción, la miseria, la muerte, por sus planes colonizadores, no asumen ninguna responsabilidad por esos hechos ya que se produjeron por la “acción humanitaria” realizada. Podríamos concluir diciendo: es el precio de la libertad que nos ofrecen y que se ha ido pagando con la in mensa deuda externa que se ha contraído para reconstruir tanta destrucción.

viernes, 14 de octubre de 2011

La justificación de la esclavitud

Hemos visto cómo razona argumentativamente Locke en una dualidad conceptual respecto a la propiedad privada, a la guerra y, veremos ahora, a la esclavitud. Quedó dicho que esa ambigüedad era el resultado de tener que justificar la legalidad de dos mundos muy diferentes que él denominó el “estado de naturaleza” y el “estado civil”. Corresponde el primero a todos los pueblos que se mantenían al margen de la organización jurídica y los segundos, a los hombres civilizados de la sociedad burguesa.
Por lo tanto, el derecho inalienable de todos los hombres es a ser libres, protegidos por la ley. En palabras de Locke: «Este verse libre de un poder absoluto y arbitrario es tan necesario para la salvaguardia del hombre, y se halla tan estrechamente vinculado a ella, que el hombre no puede renunciar al mismo, sino renunciando con ello a su salvaguardia y a su vida al mismo tiempo». Aquí es necesario reparar en el concepto de “poder absoluto y arbitrario” con el que está haciendo referencia evidentemente a la monarquía absoluta, derrotada en Inglaterra pero presente en otros países. Revolución burguesa mediante, el ciudadano se ha liberado de esa dependencia y está obligado a defender su libertad.
Sin embargo, y aquí aparece el otro mundo, hay situaciones en las cuales los hombres libres se ven amenazados o atacados por aquellos que viven al margen de la ley — entiéndase bien, como ya hemos visto, por la ley de la Inglaterra o de aquellas potencias que han entrado en el mundo de la ley burguesa —. Esta situación coloca al agredido, hombre de la civilización, en la necesidad de tener que defenderse y, en ese caso, entrar en una “guerra justa”. Dice el filósofo inglés: «Sin duda alguien que ha perdido, por su propia culpa y mediante cierto acto, es merecedor de la pena de muerte. El derecho a su propia vida puede encontrarse con que aquel que puede disponer de esa vida retrase, por algún tiempo, el quitársela, cuando ya lo tiene en poder suyo, sirviéndose de él para su propia conveniencia; y con ello no le causa perjuicio alguno». La condición doble, “de culpable y de derrotado”, lo coloca a merced del otro, “el vencedor y apropiador” de la vida del primero, quien decidirá qué le conviene más hacer con el vencido: hacerlo trabajar para él o, disponiendo de su vida, matándolo.
La conclusión de Locke, previa argumentación lógico-jurídica, parece clara, salvo que la duda que puede aparecer ante la lectura crítica del texto es que no queda aclarado quién es el que determina cuándo se produce lo que él define como “una amenaza o un ataque injusto” y quién define que lo que emprende, como consecuencia, es una “guerra justa”, puesto que, de esas definiciones, dependerá el ejercicio del “derecho de defensa”.
Un simple recorrido por la historia de la conquista de América del Norte nos puede mostrar que siempre el conquistador ejerció el “derecho de defensa” ante una “guerra injusta”, provocada por los indígenas originarios de esas tierras. Para quienes tengan edad y memoria o hayan podido ver después la enorme producción cinematográfica hollywoodense, en ella abundan ejemplos de la “pésima conducta” de los pueblos originarios y los “sacrificios” de los colonos en defensa de las “tierras apropiadas”, bajo la ley de la sociedad burguesa, proclamada por Locke.
La reflexión que debemos apoyar en el discurso argumentativo del filósofo inglés —que considero de mucha importancia para comprender cosas como “la guerra preventiva”, el “Eje del Mal”, la existencia de “la amenaza terrorista” que se contrapone con la “vocación democrática”, el “espíritu de servicio” para llevar la libertad a los pueblos que viven bajo el “yugo islámico” y el “sacrificio de vidas jóvenes” de las Fuerzas Armadas de los países centrales— busca el logro de la emancipación universal y la democratización de los pueblos sometidos.
Si bien hoy ya no se puede justificar el trabajo esclavo, no debemos olvidar que hasta fines del siglo XIX, en los Estados Unidos, lo hubo y que, hasta este siglo XXI, en muchos países del sudeste asiático, cientos de miles de personas trabajan bajo un régimen similar.

domingo, 9 de octubre de 2011

El trabajo y la apropiación de tierras

El tema de la propiedad está relacionado con el trabajo, aplicado a todo aquello que brinda la Naturaleza (con mayúscula como lo escribe Locke), dado que es el esfuerzo humano agregado a cualquier cosa lo que autoriza la propiedad. Se puede decir, que en este sentido, se ve con claridad la necesidad de argumentar contra la posesión feudal, sostenida por la capacidad militar para defender lo que se ha conquistado. Contrapone a ese concepto imperante en la sociedad natural la siguiente afirmación: «La extensión de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva, y cuyos productos es capaz de utilizar, constituye la medida de su propiedad. Mediante su trabajo, ese hombre cerca esa tierra, como si dijéramos, con una valla y la separa de las tierras comunes».
El fundamento último de ese derecho emana del derecho natural que Dios ha dado a todos los hombres: «Al entregar Dios el mundo a todo el género humano, le ordenó también que trabajase, y el encontrarse desprovisto de todo le obligaba a ello». La propiedad rural del pequeño y mediano productor rural estaba así legitimada frente a las grandes extensiones feudales. Este es un aspecto claro en el filósofo inglés. Sin embargo, aparece una segunda aclaración que desnuda el otro propósito de estas reflexiones lockeanas. La Inglaterra de su tiempo muestra un cuadro en el que toda la tierra tiene ya dueño, chico o grande, por lo que agrega: «A pesar de que el mundo nos parece tan poblado, podría todavía aplicarse idéntica medida sin perjuicio para nadie. [A aquel que desee tierras] debemos dejarle que se establezca en algún lugar desocupado del interior de América. Descubriremos, entonces, que las tierras de las cuales él podría apropiarse, dentro de las reglas que hemos establecido, no serían muy extensas, ni perjudicaría con ello al resto del género humano, ni le darían tampoco motivos de queja o de creerse dañado por su intromisión».
Hay en Locke una doble mirada, como ya hemos visto: por una parte, piensa en la superación de la sociedad natural —concepto que engloba todo lo que no sea sociedad burguesa o civil, tal como la hemos visto antes—, y, por otra parte, la necesidad de encontrar justificaciones a la expansión colonial inglesa.
Si la laboriosidad del hombre inglés requería seguros legales para proteger todo lo que producía con su trabajo, la conquista necesitaba argumentaciones que legitimaran su accionar. En este segundo aspecto, con relación a la apropiación de tierras “sin dueños” que, por lo tanto, son de “libre disponibilidad”, afirma: «Demostración palmaria de ello es que varias naciones de América que abundan en tierras, escasean, en cambio, en todas las comodidades de la vida; la Naturaleza las ha provisto con tanta liberalidad como a cualquier otro pueblo de toda clase de productos y materiales, es decir, suelo feraz, apto para producir en abundancia todo cuanto pueda servir de alimento, vestido y placer; sin embargo, al no encontrarse beneficiadas por el trabajo, no disponen ni de una centésima parte de las comodidades de que nosotros disfrutamos; reyes de un territorio dilatado y fructífero se alimentan, se visten y tienen casas peores que un jornalero de Inglaterra».
Argumentar el derecho a la propiedad de este modo está dando lugar a dos modos de incorporación legal al sistema de propiedad. Por una parte, a la pequeña y mediana burguesía artesanal o rural, legitimando los bienes que posee o pueda llegar a poseer dentro de Inglaterra. Por la otra, a la situación de los colonos que desembarcan en tierras americanas y se van apropiando de esas tierras apetecibles que, por ser tan extensas, están “libres”. Concluye en este particular: «De todo lo anterior resulta evidente que, a pesar de habérsenos dado en común todas las cosas de la Naturaleza, el hombre (como dueño de sí mismo y propietario de su persona, de sus actos o del trabajo de la misma) llevaba dentro de sí la gran base de la propiedad; en efecto, su trabajo, que entraba como parte máxima en todo aquello de que se servía para su sustento y comodidad, cuando la invención y las artes los mejoraron, le correspondía perfectamente en propiedad y no pertenecía en común a los demás».
Por lo que llevamos visto, ese “hombre” que “llevaba dentro de sí la gran base de la propiedad” era el burgués inglés en cualquiera de las actividades que eligiera, puesto que era quien se había sometido al imperio de la ley, lo cual lo convertía en un “hombre civilizado”, los otros estaban en el estado de naturaleza.

miércoles, 5 de octubre de 2011

Las justificaciones de la apropiación de bienes

Hemos estado releyendo al padre del liberalismo inglés, John Locke, cuya doctrina política está expresada en su dos “Tratados sobre el gobierno civil”. La intención de esta breve investigación ha sido remitirnos a sus propias palabras para comprender mejor todo lo que encierra su modo de pensar. Hemos podido profundizar en su pensamiento, ayudados por la inteligencia incisiva de un pensador de la talla de Franz Hinkelammert, quien nos fue llevando hacia aquella parte de la doctrina liberal que la posteridad, con “mucha delicadeza y pudor”, trató prudentemente de evitar que leyéramos. La capacidad argumentativa de Locke ha quedado expuesta en todos sus detalles, sobre todo cuando logró compatibilizar la declaración de los derechos humanos “para todos los hombres del mundo” en tiempos de plena expansión del imperialismo inglés.
Este tema fue resuelto, brillantemente, dividiendo a los “hombres del mundo” en dos bandos: los “nosotros” y los “ellos”; unos, los hombres triunfadores de la revolución burguesa —los siempre “famosos altos, rubios, blancos, de ojos azules”, representantes de la “sociedad civilizada”— y otros, los que se han mantenido tozudamente en el “estado de naturaleza” y se han negado a incorporarse en el mundo de la “sociedad civil”. Su negativa a la aceptación de las leyes de la sociedad civil, fundamentalmente a las prescripciones sobre la vigencia de la “propiedad privada”, cimiento fundamental de la sociedad burguesa, los convertía en potenciales enemigos del orden civilizatorio.
Lo que estoy proponiendo es un análisis que intenta descubrir las raíces de un modo de pensar el derecho, sobre todo el derecho a la propiedad, que los siglos posteriores verán utilizar como argumento para sostener el “derecho de conquista y colonización” de las tierras y pueblos de la periferia. La transfiguración de la figura del “misionero cristiano”, convertido ahora en “hombre civilizado”, que “ofrecerá” las ventajas de la sociedad democrática a los pueblos que no han sabido encontrarla por sus propios esfuerzos, por impericia, por ignorancia, por desidia o por la causa que fuera, es la justi-ficación (en su sentido etimológico: ‘hacer o convertir en justo’) que mostrarán como derecho legítimo. Convertidos en los representantes del mundo civilizado, accionarán en consecuencia. Más adelante volveré sobre el particular para analizar el espacio internacional actual.
Es muy interesante ver cómo fundamenta el “derecho a la propiedad” para compararlo con el “derecho a la apropiación” de lo que, en principio, no le correspondería. Parte de la siguiente premisa: «Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirvan en común a todos los hombres, no es menos cierto que cada hombre tiene la propiedad de su “propia persona”. Nadie fuera de él mismo tiene derecho sobre ella. Podemos afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos. Por eso, siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la Naturaleza lo produjo y lo dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo; y, por ello, la ha convertido en propiedad suya. Habiendo sido él quien la ha apartado de la condición de común en que la Naturaleza colocó esa cosa, ha agregado a ésta, mediante su esfuerzo, algo que excluye de ella el derecho común de los demás».
Agrega una condición que da lugar al derecho de propiedad: «El trabajo agregó a esos productos algo más de lo que había puesto la Naturaleza, madre común de todos y, de ese modo, pasaron a pertenecerle particularmente». La evidencia que se desprende de estas afirmaciones queda consolida diciendo que si los hombres, desde el origen, hubieran tenido que lograr el consentimiento de no se sabe quién hubiera podido darlo, se hubieran muerto de hambre, «en medio de la abundancia que Dios les había proporcionado». Como consecuencia de esta argumentación, afirma: «El hombre puede apropiarse de las cosas por su trabajo en la medida en que le es posible utilizarlas con provecho, antes de que se echen a perder. Todo aquello que excede ese límite no le corresponde al hombre y constituye la parte de los demás».