miércoles, 19 de octubre de 2011

La ley y el poder real

En el camino que hemos recorrido, pasamos por diversas etapas en las cuales pudimos revisar y analizar aspectos convergentes sobre el tema propuesto para esta serie de notas: la libertad. Presento ahora, para que nos detengamos, unos comentarios respecto a cómo se vive cotidianamente esa libertad en el país autotitulado el “padre de la democracia” —cuando, en realidad, sólo ha sido la primera experiencia de una república constitucional—, tal como se puede encontrar en los debates de los “Padres Fundadores” del siglo XVIII. Aunque la diferencia pueda parecer una exquisitez académica, vale la pena tenerla presente.
Los Estados Unidos han aportado al debate, en el que nos encontramos en este trabajo, muy interesantes argumentos muchas veces, de valor sólo local, ya que en las actitudes asumidas en el campo internacional esto no se ha visto plasmado.
Recurro a un testigo declarante [“persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo”, DRAE] un tanto sorprendente, que ofrece un valor adicional a lo sostenido por su trayectoria profesional: el Dr. Paul Craig Roberts. Leamos un síntesis de su currículo para apreciar una mejor imagen de quién se trata: Secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, nombrado por el presidente Reagan; editor asociado y columnista en el Wall Street Journal; Asesor del Comité Económico Conjunto del Congreso, y Economista Jefe del Comité Presupuestario del Congreso, en representación del Partido Republicano; profesor de Economía en seis universidades, autor de numerosos libros y contribuciones académicas. Ha testificado ante comités del Congreso en treinta ocasiones. Equivale a decir una persona ligada al poder de la derecha estadounidense.
En los primeros días de octubre de 2011, en una nota aparecida en varias publicaciones internacionales, titulada “El día que murió EE.UU: El único futuro para los estadounidenses es una pesadilla”, hace un análisis de algunos aspectos políticos y jurídicos de su país como consecuencia de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en las últimas décadas. Comienza afirmando: «Algunos hemos previsto la llegada de este día y hemos advertido contra su arribo, solo para ser recibidos con abucheos y silbidos de “patriotas” que han llegado a ver la Constitución de EE.UU. como un artefacto que mima a criminales y terroristas y entorpece al presidente que tiene que actuar para protegernos». Expresa la convicción de un liberal que no puede callar ante violaciones flagrantes de la Constitución, en un país que ha hecho alarde del respeto a la ley como fundamento de la libertad de “todos los ciudadanos”.
Cita a continuación un libro suyo: «En nuestro libro The Tyranny of Good Intentions [La tiranía de las buenas intenciones] Lawrence Stratton y yo mostramos que mucho antes del 11-S el derecho en EE.UU. había dejado de ser un escudo del pueblo y se convirtió en un arma en manos del gobierno. El evento conocido como 11-S fue utilizado para colocar al poder ejecutivo por sobre la ley. A condición de que el presidente apruebe un acto ilegal, los empleados del poder ejecutivo ya no tienen que rendir cuentas ante la ley que lo prohíbe. Por la autoridad del presidente, el poder ejecutivo puede violar leyes de EE.UU., sin mandato judicial y sin sufrir las consecuencias, contra el espionaje de estadounidenses, detención indefinida y tortura». Esta constituye una acusación gravísima en cualquier país que se considere democrático y con mayor razón entre quienes se presentan como paladines de las libertades individuales.
Con una actitud muy crítica, dice: «Muchos esperaban que el presidente Obama restableciera la responsabilidad del gobierno ante la ley. En su lugar, fue más lejos que Bush/Cheney e impuso el poder inconstitucional no solo para mantener a ciudadanos estadounidenses en prisión sin presentar cargos, sino también para matarlos sin que sean condenados por un tribunal. Obama afirma que a pesar de la Constitución de EE.UU. tiene autoridad para asesinar ciudadanos estadounidenses, sin el proceso debido, de quienes piensa que constituyen una “amenaza”. En otras palabras, cualquier ciudadano estadounidense, que es catalogado como amenaza, carece de derechos y puede ser ejecutado sin juicio o evidencia» (subrayados RVL).
La lectura de las afirmaciones del Dr. Roberts nos permite revisar críticamente la conducta de las instituciones de una república en el mundo actual, y comprobar las distancias que se observan entre las declaraciones jurídicas y las prácticas sociales, económicas y políticas.