domingo, 23 de octubre de 2011

La ley sometida por el poder

Las afirmaciones del Dr. Paul Craig Roberts nos resultan muy útiles para reafirmar nuestras reflexiones sobre la libertad y su existencia real en nuestra época. Sin embargo, no creo que nos asombren demasiado después de haber leído las acrobacias jurídicas del padre del liberalismo, John Locke, para hacerle decir a la ley lo que debe cumplirse y lo que puede soslayarse, según sea el caso. Dejando de lado la honestidad y sinceridad de un hombre de la política del País del Norte —que no juzgo en ningún sentido, y no ignoro que sus dichos puedan ser parte de la campaña del año 2012, pero que hay que destacar que no ahorró críticas al gobierno republicano de Bush— el análisis que presenta está avalado por informaciones públicas recientes sobre hechos que no pueden ser enmarcados en la legalidad, cuyo violador es el mismísimo presidente de ese país. Sigamos:
«El 30 de septiembre Obama utilizó ese nuevo poder hecho valer por el presidente e hizo asesinar a dos ciudadanos estadounidenses, Anwar Awlaki y Samir Khan. Khan era un personaje excéntrico sobre el que nada hacía pensar que fuera una amenaza seria. Awlaki era un clérigo musulmán estadounidense moderado quien sirvió de asesor al gobierno de EE.UU. después del 11-S sobre maneras de contrarrestar el extremismo musulmán. Awlaki se vio gradualmente empujado a su radicalización por el uso constante de mentiras de parte de Washington para justificar ataques militares contra países musulmanes. Se convirtió en crítico del gobierno de EE.UU. y dijo a los musulmanes que no tenían que aceptar pasivamente la agresión estadounidense y que tenían derecho a resistir y defenderse. Como resultado Awlaki fue satanizado y fue convertido en una amenaza. Solo sabemos que Awlaki pronunció sermones críticos de los ataques indiscriminados de Washington contra pueblos musulmanes. El argumento de Washington es que sus sermones pueden haber influenciado a algunos que son acusados de intentar actos terroristas, responsabilizando por lo tanto a Awlaki por los intentos». Debemos concederle que su argumento es contundente respecto de la liviandad con que se ha pretendido justificar dos ejecuciones, entre otras tantas.
Aunque el Presidente se haya visto presionado por su oposición a tomar tales determinaciones, esto no le quita gravedad a su orden de ejecutarlos. «La aseveración de Obama de que Awlaki era algún tipo de agente de al Qaida de alto nivel es solo una conjetura. El periodista Jason Ditz concluyó que el motivo para asesinar Awlaki en lugar de procesarlo es que el gobierno de EE.UU. no poseía evidencia real de que Awlaki fuera agente de al Qaida. Pero lo que hizo o podría haber hecho Awlaki es irrelevante. La Constitución de EE.UU. requiere que incluso el peor asesino no puede ser castigado hasta que sea condenado por un tribunal. Cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó ante un tribunal federal la aseveración de Obama, de que tenía el poder de ordenar ejecuciones de ciudadanos estadounidenses, nada menos que el Departamento de Justicia argumentó que esa decisión correspondía a prerrogativas del poder ejecutivo por lo que estaba fuera del alcance del aparato judicial» (subrayados RVL).
Esto le permite sostener al Dr. Roberts que esa ejecución es «una decisión que selló la suerte de EE.UU.». Las violaciones a la ley cometidas por el presidente «fueron avaladas por un juez del tribunal federal de distrito, John Bates, que ignoró el requerimiento de la Constitución de que ninguna persona será privada de la vida sin debido proceso y descartó el caso, diciendo que el Congreso debía decidir». Ante esta declaración, el Presidente Obama actuó sin esperar una apelación, y se valió, por lo tanto, de la autorización del juez Bates «para establecer el poder y fomentar la transformación del presidente en un César, que ya había comenzado bajo George W. Bush».
Los abogados Glenn Greenwald y Jonathan Turley señalan que el asesinato de Awlaki terminó con «la restricción de la Constitución del poder del gobierno». Por lo tanto, agrega Roberts: «Ahora el gobierno de EE.UU. no solo puede tomar a un ciudadano de EE.UU. y confinarlo en una prisión por el resto de su vida sin jamás presentar evidencia y obtener una condena, sino también lo puede matar a tiros en la calle o hacerlo volar por un drone [avión no tripulado, manejado a distancia]». Es evidente que el 11/9 ha sido una bisagra en la historia de la aplicación del Derecho y en el respeto a la Constitución, tanto mayor en cuanto se trata de territorios del “Eje del Mal”, en los cuales la justificación adquiere mayor peso. La prisión de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo está llena de casos como esos.