miércoles, 26 de octubre de 2011

El final de la parábola de la libertad del liberalismo

Para profundizar en el análisis de las violaciones a la ley, que incluyen violaciones a la Constitución de los Estados Unidos por parte del Poder Ejecutivo, sigamos la descripción del Dr. Paul Craig Roberts cuando compara lo relatado en notas anteriores con acontecimientos pasados, ante los que la Justicia se comportaba de otro modo. Recuerda represiones internas como: «Los Guardias Nacionales de Ohio que mataron a tiros a estudiantes de la Kent State University, una de las universidades de primera línea de ese estado, cuando manifestaban contra la invasión a Camboya en 1970, no afirmaron que actuaban por una decisión del Poder Ejecutivo. Ocho de los guardias fueron encausados por un jurado de acusación. Los guardias argumentaron defensa propia. La mayoría de los estadounidenses estaban enfadados contra los que protestaban contra la guerra y culparon a los estudiantes. El aparato judicial captó el mensaje y finalmente el caso criminal fue desestimado». Es llamativo que argumente que la decisión de la Justicia haya estado sometida a la presión de la opinión pública, lo que no habla bien de la independencia de los poderes.
Lo que le interesa subrayar a Roberts es lo siguiente: «El caso civil (muerte y herida por negligencia de otro) fue cerrado por 675.000 dólares y una declaración en la que se expresaba una lamentación por la conducta de los acusados. El punto no es que el gobierno haya matado gente. El punto es que nunca antes del presidente Obama, ha habido un presidente que reivindicara el poder de asesinar ciudadanos». Repensemos esto. El peso de sus argumentos no se apoya en que el Estado haya matado ciudadanos estadounidenses, aunque no afirme que esto sea aceptable, sino en que es la primera vez, según él, en que un presidente, sobre todo uno que pertenece al Partido Demócrata, haya justificado un hecho de esta naturaleza. Agrego yo: uno que fue galardonado con el Premio Nobel y del que “se esperaba algo muy diferente”.
Tal vez las palabras siguientes que emplea pueden sonar muy duras, pero merecen ser leídas, puesto que lo que está en juego es la práctica de la democracia, el ejercicio de la libertad individual, de parte de una potencia mundial que fundamenta su política exterior en llevar “su modelo de democracia” a aquellos países de la periferia en los que, a su criterio, no se practica o no es respetada. «Durante los últimos 20 años, EE.UU. ha tenido su propia transformación al estilo del régimen nazi». Cita un libro de Terry Eastland, un asesor del gobierno de Reagan: Energy in the Executive: The Case for the Strong Presidency [Energía en el Ejecutivo: el caso a favor de una presidencia fuerte], en el que presentó ideas coincidentes con «una organización de abogados republicanos que trabaja para reducir restricciones legislativas y judiciales del poder ejecutivo. So pretexto de emergencias de tiempos de guerra (la guerra contra el terror)».
Siguiendo esa tesis política, propone un fortalecimiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo para que pueda tener un margen de maniobra mucho más amplio. El régimen Bush/Cheney empleó esos argumentos para liberar al Ejecutivo de responsabilidad ante la ley y para restringir libertades civiles a los estadounidenses. La guerra y la seguridad nacional suministraron la justificación de la apertura para los nuevos poderes reivindicados, sostenida por una mezcla de temor y deseo de venganza por el 11-S, lo cual condujo al Congreso, al sistema judicial y a la gente a aceptar los peligrosos precedentes.
La doctrina comenzada a implementar sostenía: «dirigentes civiles y militares nos han estado diciendo, durante años, que la guerra contra el terror es un proyecto de 30 años de duración». Después de ese período, «la presidencia habrá completado su transformación a en dirección a alguna forma muy parecida a un tipo de dictadura, y no habrá vuelta atrás». De esto se trata el tan mencionado “Proyecto para un nuevo siglo estadounidense”, dentro del cual la guerra contra el terror es solo una apertura para la ambición imperial neoconservadora de establecer la hegemonía de los Estados Unidos sobre el mundo.
La conclusión de Roberts es contundente: «Como las guerras de agresión o la ambición imperial son crímenes de guerra según el derecho internacional, semejantes guerras requieren doctrinas que eleven al líder por sobre la ley y las Convenciones de Ginebra, tal como Bush fue elevado por su Departamento de Justicia (sic) con mínima interferencia judicial y legislativa. Acciones ilegales e inconstitucionales también requieren el silenciamiento de los críticos y el castigo de los que revelan crímenes gubernamentales».
Creo que estamos en mejores condiciones de comprender la derivación de la doctrina de la libertad en manos de los liberales del Norte.