miércoles, 14 de mayo de 2014

La democracia en peligro XIV



El nuevo fallo de la Suprema Corte estadounidense camina en sentido opuesto a las limitaciones de los aportes financieros para los candidatos políticos. El objetivo primero, impuesto como prohibición en la década de los setenta (U$S 5 200 por persona), se sostuvo en la idea de no permitir el dominio del gran capital sobre la política. Además, la verificación de los éxitos logrados con dinero en grandes cantidades, en el seno de una sociedad invadida por propuestas publicitarias —como modos de incrementar las ventas de mercancías— era una advertencia insoslayable. El manejo de las conciencias de los consumidores era un tema muy estudiado en esas décadas.
Ante la nueva disposición, «un donante individual ahora podrá contribuir con hasta 3.6 millones de dólares por ciclo electoral». Algunos analistas afirman que incluso otro juez de la Suprema Corte votó en contra de cualquier límite y  llevó los aportes hasta lo infinito. El argumento de la lógica constitucionalista, un tanto ensortijado, habla de «los riesgos de atentar contra derechos básicos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)».
Brooks recurre a un editorial del prestigioso e influyente periódico neoyorkino:
El New York Times afirmó en su editorial que con este fallo la Suprema Corte continúa su cruzada para desmantelar todas las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadounidense. Agregó que gracias a esta decisión «los intereses de los muy pocos estadounidenses más ricos –los cuales difieren significativamente de los de la mayoría– ahora obtendrán mayor consideración de los legisladores».
Otra personalidad influyente, miembro del establishment estadounidense, Robert Reich[1], escribió:
Con el fallo, se anulan efectivamente los montos que los más ricos pueden donar al proceso político y que eso, vinculado a la creciente desigualdad económica, permitirá que los más ricos compren votos para reducir sus impuestos, reciban rescates y subsidios públicos y puedan desregular sus negocios para que se vuelvan aun más ricos y así comprar más votos. La corrupción nutre más corrupción. Señala que hoy día los 400 estadounidenses más ricos tienen más riqueza que los 150 millones de estadounidenses más pobres, el 1% más rico es dueño de más del 35% de los bienes privados del país y captó el 95% de las ganancias económicas, desde el inicio de la recuperación en 2009. Estos ahora tendrán aun más poder para manipular el sistema político.
Robert Weisman[2], presidente de Public Citizen, organización nacional de defensa de derechos ciudadanos y protección del consumidor, afirmó: « la Primera Enmienda nunca tuvo la intención de otorgar un megáfono gigantesco a los más ricos para que griten sobre el resto de nosotros››. Concluyó: ‹‹Esto no es democracia. Es plutocracia». Agrega Brooks más consideraciones:
El fallo ignora la opinión de las grandes mayorías, o sea, el demos en democracia: una encuesta de Gallup encontró en junio pasado que 8 de cada 10 estadounidenses favorecen limitar el dinero que candidatos legislativos federales pueden obtener y usar en sus campañas; otras registran que por lo menos dos tercios o más apoyan poner límites al gran dinero en la política. El fallo continúa la tendencia de esta Suprema Corte a anular restricciones sobre intereses de los ricos. En 2010, en otro fallo conocido como Citizens United (Ciudadanos Unidos), la Corte anuló límites a los montos con que las empresas podrían contribuir para influir –de manera independiente– en elecciones. Con ello, la elección federal de 2012 marcó nuevo récord como la más cara de la historia.
La conclusión, que expresa el escepticismo de Brooks, es: el dinero es ya equivalente a la libertad de expresión en el sistema político-electoral. El sistema democrático es un modelo similar al del mercado: «Tanto tienes tanto vales». La capacidad de compra define quiénes serán los futuros dueños del Gobierno. Sólo esto ha quedado de la democracia.



[1] Economista, profesor universitario, columnista, comunicador y político estadounidense. Fue Secretario de Trabajo, durante el gobierno de Bill Clinton, entre 1993 y 1997 y parte del consejo asesor de transición del presidente Barack Obama, en 2008.
[2] Experto en desarrollo económico, salud, el comercio y la globalización, la propiedad intelectual y la política de regulación, y las cuestiones relacionadas con la responsabilidad financiera y la responsabilidad corporativa.